Prisma Digital

Prisma Digital es el boletín web con información de actualidad, dirigido al público costarricense que se interesa por información balanceada y de calidad. El material del boletín forma parte del curso de Periodismo Informativo de la Universidad de Costa Rica.

jueves, 26 de noviembre de 2009


Los datos privados de una persona no pueden circular en la red 
sin el consentimiento de ésta (imagen con fines ilustrativos)




Anna Georgina Velásquez Vásquez

La falta de leyes que regulen y protejan la información privada de personas en bases de datos o registros electrónicos, aumenta la vulnerabilidad de los usuarios de internet de sufrir ciber delitos. Esta fue la principal conclusión de la Jornada sobre Delitos Informáticos y Ciber Seguridad 2009 de la Universidad de Costa Rica.

La legislación costarricense carece del habeas data, es decir, de un recurso constitucional o legal que protege información privada que se almacena en bases de datos electrónicos o sitios web. Por lo tanto, no existe una regulación o una sanción si se viola la privacidad de una persona o una empresa en Internet o en registros digitales.

El Gerente de Seguridad de Hewlett-Packard (HP), Jorge Castro, afirmó que la carencia de leyes hace que las personas no son precavidas con su propia información, lo que las hace más vulnerables a ciberdelitos como robos de identidad.

“Todas las rifas en este país le piden a la persona que dé su nombre, su número de cédula, su dirección y número de teléfono. Estos datos son suficientes para abrir una cuenta bancaria y realizar lavado dinero”, explicó Castro.

Una vez que un usuario ingresa datos en un registro informático suele desconocer el uso que se le dará a sus datos. Según el ingeniero de operaciones de Symantec, Nicolás Severino, existe un “mercado negro” donde se vende información privada de usuarios de Internet. Por ejemplo, número de cuenta se cotiza entre $10 y $1000, mientras que una identidad vale hasta $100.

El Superintendente de Telecomunicaciones, Carlos Raúl Gutiérrez, expresó que los vacíos legales también impiden que las personas determinen cuáles son sus derechos sobre sus datos confidenciales.

“Estoy ante la duda si es un derecho que no publiquen mi número de teléfono (…) porque el ICE cobra por no publicar un número de teléfono “privado”, y estamos hablando del ICE que es un único proveedor. ¿Qué va a pasar cuando tengamos distintos proveedores?”, comentó Gutiérrez.

En el ámbito empresarial, el gerente de ITS Infocomunicaciones, Miguel Garro, expuso que los principales riesgos a los que están expuestas las empresas son violación de datos, privacidad y rupturas de confidencialidad. Sin embargo, el país no tiene un marco de regulación que exija políticas de ciberseguridad y manejo adecuado de datos.


Legislación, educación e inversión: armas contra el ciberdelito

Los participantes de la Jornada de Ciberseguridad, coincidieron en que para frenar los ciberdelitos es necesario educar a los usuarios e invertir en sistemas de seguridad informática, además de legislación

“Desgraciadamente en el ámbito nacional no muchos manejamos el concepto de privacidad de información”, afirmó Jorge Castro. Por eso, se debe insistir en capacitar a las personas para que manejen adecuadamente sus datos personales.

Nicolás Severino, enfatizó en que tanto empresas como usuarios independientes, deben invertir en sistemas de seguridad informática, pues es una forma de prevenir ataques informáticos o pérdida de información privada.

“Cuatro de cinco laptops que se pierden (…) no tienen protección de datos que prevengan que quién la encuentre pueda sacar información”.

Miguel Garro, explicó que no basta la educación y la inversión en seguridad si no se hace un esfuerzo por generar un marco normativo efectivo.

“Nos enfrentamos a dos grandes retos: generar políticas y cumplimiento de las mismas”, afirmó Garro.

Si desea más información sobre cómo proteger su privacidad en internet, el Ingeniero en Sistemas de la Universidad de Costa Rica, Jorge Velásquez, recomienda este video informativo:



Bajo el lema "Costa Rica marcha por la Vida y la Familia" la marcha suscita polémica


Luis Javier Reyes

La marcha convocada por el Observatorio de la Ciudadanía por la Vida  genera tensiones entre los grupos  defensores de la diversidad sexual y agrupaciones conservadoras por manifestarse en contra de los proyectos de ley sobre unión de hecho y la despenalización del aborto al mismo tiempo.

La Coordinadora del Observatorio y organizadora de la Marcha, Alesandra Loría, asegura no se pueden separar los dos temáticas de la marcha del próximo 28 de noviembre. "No estamos marchando contra ninguna persona ni contra ninguna minoría, nosotros estamos marchando a favor de nuestros valores", aclaró Loría.

Para la Coordinadora "se deben abrir espacios para los que pensamos como nosotros lo hacemos: a favor de la vida y la familia".

Por otra parte, el Presidente de la Fundación Déjame Vivir en Paz, Alberto Cabezas, declaró que no es saludable manifestarse contra las dos temáticas en una misma marcha.

"En el caso del aborto, nosotros estamos en contra como Fundación, pero en el caso de las personas homosexuales, nosotros creemos que cualquier persona puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie", manifestó Cabezas.

"Nos parece algo muy loco el hecho de que una organización quiera pronunciarse en contra de los derechos humanos de un sector que piensa diferente", criticó el presidente de esa Fundación.


El objetivo de la marcha es oponerse al Proyecto de Sociedad de Conviviencia que fue aprobado para discusión por la Comisión de Derechos Humanos en junio de este año. Este proyecto de ley propone que el Estado reconozca y proteja las sociedades de convivencia, como uniones de pareja del mismo sexo, para asegurar sus derechos legalmente. Al mismo tiempo, la marcha se opone al proyecto de ley que impulsaría la legalización de la píldora del día después.

La Presidenta de la Asociación de Madres de Familia (una de las organizaciones que apoyarán la marcha), Mayela Chinchilla, reveló que la marcha se desarrollará a raíz de las próximas elecciones.

Chinchilla detalló que "esta marcha espera reunir personas de diferentes credos religiosos con principios en común como la defensa de la vida, es decir la lucha contra el aborto y la legalización de las uniones de las personas del mismo sexo que se promueven en varios proyectos en la asamblea legislativa".

"El meollo de asunto es que ellos quieren imponer la cultura de la muerte en un país que no va estar nunca de acuerdo, ellos son una minoría, no respetan la mayoría del pueblo costarricense que siempre ha respetado la vida", manifestó la Presidenta de esa Asociación.

Por su parte, el Director Administrativo del Centro de Investigación y Promoción para América Central de los Derechos Humanos (CIPACDH), Francisco Madrigal, criticó la marcha como un "deseo de confundir a la población y de limitar el ejercicio los derechos de las personas". Además sostiene que se trata de "otro juego sucio de unas poblaciones terriblemente conservadoras que se niegan a vivir en un mundo diferente y a respetar las diferencias".

"Si no somos nosotros ahora – asegura Madrigal – sería otra población, y lo ha sido en épocas anteriores con los afro-descendientes, con los judíos, con las mismas mujeres, con las personas con capacidades especiales. Debemos de dejar esa hipocresía social a un lado y comenzar a ver otros valores de derechos de las poblaciones y la diversidad en la que vivimos".

La marcha partirá el 28 de noviembre a las nueve de la mañana en la Plaza de la Merced. Entre los grupos que apoyarán la marcha se encuentran el grupo Sinergia, Pro Valores, Enfoque a la familia, CibeFam, Asociación de Madres de Costa Rica, Asociación para la Defensa de la vida, Por la Vida entre otros. De acuerdo con la página de la Árquidiócesis de San José esperan reunir 5 mil participantes que se identificarán con camisetas blancas.

Por otro lado, en ciertas redes sociales como Facebook y Twitter, se organiza una anti-marcha para el mismo día, con el objetivo de oponerse a la marcha del Observatorio. Esta sale de la Plaza de la Cultura, a las ocho de la mañana.

Si le interesa podrá escuchar el audio de:

Alesandra Loría: "No estamos marchando contra ninguna persona" (1)
Alesandra Loría: "La vida humana merece protección del Estado" (2)

Alberto Cabezas: "Es muy loco que una organización quiera manifestarse en contra" (1)
Alberto Cabezas: "La marcha pretende incentivar el odio a un sector" (2)

Mayela Chinchilla: “Lo que ellos quieren es imponer la cultura de la muerte" (1)
Mayela Chinchilla: “No tememos nada en contra de la persona homosexual" (2)


Francisco Madrigal: "Vivimos en una sociedad de derecho" (1)
Francisco Madrigal: "Es otro juego sucio" (2)
Francisco Madrigal: "Si no somos nosotros ahora sería otra población" (3)




martes, 24 de noviembre de 2009


Los vecinos de cinco comunidades de Osa y Golfito desarrollan 
sus propios negocios frente a crisis pesquera (imagen con fin ilustrativo)


Carolina Carrillo

Veintiocho vecinos de la Península de Osa hacen frente a la actual debilidad de la industria pesquera en la zona formando sus propios negocios.

Los veintiocho emprendedores culminaron una primera fase de capacitación para crear sus propias microempresas de la mano de la Fundación MarViva, y con la colaboración de otras fundaciones como la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación, (CRUSA), la Fundación Integral Campesina (FINCA) y la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo Sostenible (ASEDER). Algunos proyectos comenzarían a funcionar desde diciembre y otros comenzarán su etapa de consolidación en abril próximo.

En el proyecto, además, se encuentran involucradas desde personas universitarias hasta otras que inclusive no han terminado los estudios primarios, según confirmó Víctor Madrigal, coordinador del área de Alternativas Productivas del Programa Ciencia y Comunidad de MarViva. Madrigal también asegura que se han abierto de forma comunal cinco microempresas de crédito para financiar las propuestas de negocio de estas personas.

Sostenibilidad

Uno de los retos principales en la realización del proyecto “Desarrollo de alternativas productivas sostenibles con el fin de contribuir a consolidar las áreas marinas protegidas del Área de Conservación Osa”, es hacer uso de los recursos naturales del lugar sin extraerlos, situación que ha sido uno de los problemas para conseguir un desarrollo sostenible en Osa durante los últimos años.

La idea del proyecto es integrar las nuevas necesidades laborales de la gente local que han surgido a partir de la actual crisis del sector pesquero, uno de los principales del lugar, con una mayor sostenibilidad de esta área protegida.

De hecho, la pesca que se ha venido realizando en algunas comunidades de Osa y Golfito ha llegado a este período crítico debido a la pesca desmedida, la ausencia de regulamientos en esta materia y la inexistencia de un ordenamiento territorial marino, según afirmó el Director General de MarViva, Jorge Jiménez. Además, no se ha trabajado en una institucionalización del sector que permita un mejor aprovechamiento de los recursos en términos ambientales y que a la vez logre el beneficio económico de los pescadores y sus familias.

Osa constituye uno de los destinos de turismo ecológico en la provincia, siendo declarado como uno de los biológicamente más intensos por National Geographic. En efecto, las futuras microempresas se valen de ese potencial turístico para promover nuevas formas de empleo en la zona.

De ahí que también MarViva, como fundación que promueve la protección de áreas marinas haya emprendido el proyecto. Víctor Madrigal dice: “hay un nivel de mucho interés en estas personas de estar realizando investigaciones y sobre todo de estar realizando planes de negocios desde las inquietudes de ellos mismos, aprovechando los recursos marino-costeros de forma amigable. Yo percibo un nivel de satisfacción importante ya que pronto tendrán sus propuestas de negocio debidamente concluidas y sistematizadas.”

Apoyo

El proyecto pretende explotar de forma sostenible los recursos ecológicos y humanos de cinco comunidades de Osa y Golfito, (Bahía Ballena, Cortés, Sierpe, Puerto Jiménez y La Palma) y otras comunidades aledañas para lo cual se han asegurado de brindar capacitaciones a los emprendedores cada 15 días, aunque también ofrecen asesorías individuales.

No obstante, estos microempresarios están siendo preparados de manera que planeen su propia estrategia de negocios, con los conocimientos necesarios en áreas como administración y mercadeo.

MarViva y sus colaboradores, se mantendrán de esta manera al lado de los emprendedores, hasta que éstos logren establecer cada uno de los proyectos.

martes, 17 de noviembre de 2009


Los magistrados visitaron Crucitas en el mes
de setiembre antes de la audiencia.
Luisana Barboza
     
Los magistrados de la Sala Constitucional escucharon los argumentos a favor y en contra del proyecto minero Crucitas en la vista del caso que inició pasado jueves y continuó hoy martes.
  
Mientras los recurrentes advierten sobre el daño al medio ambiente y la biodiversidad, los defensores del proyecto minero en Crucitas proclaman el desarrollo cantonal y aprovechamiento racional de los recursos.
       
Durante los dos días, Industrias Infinito S.A. y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y SETENA defendieron el proyecto mientras que 21 recurrentes expusieron sus puntos en contra del decreto que permitiría la minería a cielo abierto.
        
Los opositores al proyecto argumentan que Crucitas representa amenazas al medio ambiente y la salud humana tanto en Costa Rica como en Nicaragua que representa Crucitas. También mencionan violaciones a la legislación ambiental, la contaminación de suelos y ríos, además de las amenazas para la biodiversidad nacional.            
El biólogo de la fundación INBIO, Alejandro Baltodano, resaltó la amenaza que representa el proyecto minero contra la biodiversidad a nivel regional ya que Crucitas se encuentra en medio del corredor biológico San Juan-La Selva.  
 
“Crucitas amenaza la existencia del corredor biológico San Juan-La Selva. Esta área es la única área boscosa para conectar el gran corredor Mesoamericano”, declaró Baltonado.         
Los técnicos de la empresa y del MINAET aseguraron que el proyecto cumple con los requisitos de la legislación ambiental e impulsa el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, ofreciendo empleos y acceso a servicios básicos que no han sido cubiertos por el Estado. Asimismo, alegan que no existen tales amenazas para el medio ambiente ni para la biodiversidad.         
“En la zona que se verificó como proyecto Crucitas no hay un bosque primario o virgen como en muchos casos se ha querido decir”, explicó el ingeniero forestal contratado por Industrias Infinito S.A., Igor Zúñiga.   
 
El Ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, argumentó que aunque existe un impacto ambiental, dada la actividad de extracción, el impacto será contrarestado con la reforestación por parte de la empresa.
   
“En la actualidad hay 900 hectáreas de bosque en el terreno de Crucitas pero 130.000 hectáreas van a quedar cubiertas de bosque cuando se termine la explotación”, argumentó Rodríguez. 
   
Antes de la audiencia, los magistrados Ana Virginia Calzada y Luis Paulino Mora hicieron una inspección ocular en el sitio del proyecto minero Crucitas el pasado 11 de setiembre. La visita de los magistrados recibió críticas por parte de los grupos ambientalistas quienes los acusaron de actuar de manera imparcial.
         
El proyecto minero Crucitas está pretende la explotación de 300 hectáreas en la cercanía de la comunidad de Las Crucitas de Cutris en San Carlos. El proyecto se encuentra a 95 kilómetros al norte de Ciudad Quesada y a 5 kilómetros del Río San Juan. Debido a la cercanía del proyecto a Nicaragua, componentes del derecho internacional se han involucrado en la resolución del caso.   


Los taxistas se oponen a las marías accesibles por su alto precio.


Carolina Carrillo



La Fundación Déjame Vivir en Paz, solicitó ante el MOPT y la ARESEP la implementación de “marías parlantes” en los taxis que permitan a discapacitados visuales asegurarse de que se les cobre el monto justo y se haga el recorrido debido.


Con la petición se pretende obligar a los miembros de la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi R.L., a adaptar todas sus unidades para que sean más accesibles a la población con discapacidad.
 
Actualmente, la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, establece que el 10% de vehículos destinados al servicio de transporte público, modalidad taxi, debe adaptarse a las necesidades de personas con algún grado de discapacidad física a las que se les dificulte o impida utilizar los taxis habituales. Sin embargo, el número de unidades adaptadas no alcanza el porcentaje establecido por ley.


“El Estado no ha hecho los esfuerzos suficientes para motivar al sector de transportistas a participar en los concursos públicos en que sea necesario cumplir los requisitos para ese servicio de transporte especial”, aseguró el presidente de la Fundación Déjame Vivir en Paz, Alberto Cabezas.


Otra petición de la Fundación es que las marías emitan una factura por cada servicio a todos los clientes de taxi. En este punto también coincide la ARESEP.


“La condición es que se pongan taxímetros parlantes que emitan recibos, que cumplan las dos cosas y que darían el detalle de dónde lo tomó, a qué hora, fecha, distancia recorrida y el monto a cancelar”, explicó la representante de la oficina de prensa de la ARESEP, Carolina Mora.


Alberto Cabezas afirmó que si el Consejo Nacional de Transporte Público (CTP) no responde a su petición en un plazo de 15 días interpondrán una demanda administrativa penal por parte de la Fundación.
 
Altos costos


La resistencia de las cooperativas de taxis para implementar “marías” parlantes se debe al alto costo de los dispositivos. Un taxímetro adaptado cuesta alrededor de 330.000 colones, mientras que uno convencional vale de 45.000 a 55000 colones. “Esas medidas que se quieren tomar son muy buenas pero el problema es que el gobierno no ayuda a financiar esa clase de proyectos, el taxímetro, según tengo entendido requiere de una inversión bastante alta que uno no puede pagar así como así”, opinó Héctor Camacho, taxista de Coopetranspil R.L.


Esteban Chaverri, no vidente y representante del Grupo Más Accesible, el cual trabaja por la igualdad para personas discapacitadas, opina que la implementación de taxímetros accesibles debe ser una iniciativa más integral, pues la medida también beneficiará a las personas que no tienen una discapacidad visual.  

“Me parece importante también concientizar a los taxistas para que la medida no se vea como algo impositivo o también porque a veces nos encontramos con una primer barrera actitudinal, eso se puede lograr a través de talleres y capacitaciones, porque nada mejor que cuando te pones en los zapatos de una persona ciega para ver de manera vivencial lo que significa enfrentarse a un entorno que no está hecho para personas con algún tipo de discapacidad”, expresó Chaverri.


De acuerdo con el último censo del año 2000, al menos un 31% de la población costarricense tiene alguna deficiencia visual, la cual puede incrementar conforme aumenta la edad de la persona.





El frijol es un alimento básico en la alimentación costarricense
y la subida de precios afecta a la población.


Luis Javier Reyes




El Consejo Nacional de la Producción (CNP) comprará 7 mil quintales de frijol de los productores en la Zona Sur como una práctica para respaldar la producción nacional de alimentos.



Los agricultores venderán a la institución su remanente de la cosecha, es decir, la parte de que actualmente mantienen en sus tierras y que el sector industrial no compró. Los beneficiados son cuatro asociaciones: ASOPRO Concepción, ASOPRO El Águila, ASOPRO Guagaral y ASOPRO Veracruz.



El Presidente Ejecutivo del CNP, Carlos Manuel Vicente, explicó que esta iniciativa permitirá a los productores atender la siembra de la próxima cosecha. A la vez, se reservará una parte del grano para el Programa de Abastecimiento Institucional, el cual comercializa y distribuye provisiones a las cárceles, hospitales, centros educativos y otras instituciones del Estado.



“En realidad es casi que una practica que se ha venido siguiendo por necesidad precisamente, como usted bien sabe, nuestros pequeños agricultores tienen sus problemas. Como en todo hay problema de comercialización” agregó el Presidente del CNP.



El funcionario también explicó que la razón de esta iniciativa se debe a que el sector frijolero es el más sensible y difícil para la comercialización.

Los productores consideran que la compra del Gobierno es un apoyo y los beneficia.
El Representante de ASOPRO El Águila, Oscar Segura, afirmó que a esa asociación se le quedó sin vender 3200 quintales de frijol y que el CNP les compró el excedente.
“Hoy (jueves) se está entregando ya el frijol al CNP aquí en Barranca (…) pensamos que en buena hora que el CNP quiso hacer esa negociación”.


¿Problemas de Competitividad?
Esta no es la primera vez que el CNP adquiere la producción de frijoles que la industria no compra. Una medida similar también fue ejecutada con los remanentes de la cosecha frijolera del año pasado, en especial con los productores de la zona sur.
Representantes del sector frijolero coinciden en que las importaciones del grano de países como Nicaragua (en el caso del frijol rojo) y China (frijol negro) los está perjudicando.
“Esto ya no es competitividad. Es competir contra injusticias sociales (…) el productor de esos lados (Nicaragua y China) da más barato porque tienen esa dificultad de que ellos tienen que vender por una necesidad”, explicó el representante de ASOPRO Veracruz, Freddy Morera.
El miembro de ASOPRO Concepción, Alexis Bermúdez, manifestó que la producción de frijoles en la zona sur representa un porcentaje bajo del total de producción nacional. Sin embargo, la industria no compra por el precio.
“Este grano, realmente siendo un 20% lo que producimos a nivel nacional, la industria perfectamente lo hubiera asumido y lo podría vender, inclusive, sin afectar en lo mínimo al consumidor”, explicó Bermúdez.
El Director de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), José Blanco, concuerda en que los precios del frijol son altos y poco competitivos, además la productividad del sector es muy baja. A mayor productividad por hectárea menor será el precio del grano.
“Si su costo de producción son 100 000 colones y usted obtiene una tonelada de frijol por hectárea, entonces usted estaría teniendo que sus costos son 100 colones por kilo, básicamente (…), pero si usted en vez de una tonelada obtiene dos toneladas entonces a usted le estaría saliendo a 50 colones por kilo, entonces usted puede venderlo más barato obteniendo incluso más ganancias. Ese es el problema que está pasando con el productor frijolero en Costa Rica”.
Blanco también comentó, que como medidas adicionales para ayudar al sector frijolero, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), pretende mejorar la calidad de la semilla, implementar un mejor paquete tecnológico y aumentar la productividad.

Por el momento el Consejo Nacional de la Producción cancelará la compra de frijol de acuerdo con la entrega del producto que realicen las asociaciones de productores en la zona sur.